Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo N. 9 Barcelona

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N. 9 BARCELONA
PROCEDIMIENTO ORDINARIO N. 260/04 –B
P.RECURRENTE: JOSE ANGEL CARREY TORRALBA
REF.P.RECURRENTE: PROC.CARLOS RAM DE VIU DE SIVATTE
P.DEMANDADA: JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BARCELONA
REP.P.DEMANDADA: ABOGADO DEL ESTADO

En Barcelona a Veintinueve de Julio de dos mil cinco.

Vistos por la Ilma. Sra. Dª Maria José Moseñe Gracia, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N 9 de Barcelona los presentes autos instados por el Procurador Sr. Ram De Viu y De Sivatte. en nombre y representación de José Ángel Carrey Torralba contra la Resolución de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de 14 de Marzo de 2.004 en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Con fecha 26 de Mayo de 2.004 tuvo entrada en este Juzgado procedente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña escrito de interposición de recurso suscrito por la parte actora contra la resolución indicada en el que se instaba la admisión del mismo.

Planteada cuestión de competencia se resolvió a favor de la Sala, que a su vez por Auto de 20 de Diciembre de 2.004 estimó que la competencia correspondía a éste órgano jurisdiccional devolviéndose los autos.

SEGUNDO Recibidos los mismos y tras la reclamación y consiguiente remisión del expediente administrativo, se formalizó la demanda alegando el actor los hechos y fundamentos de Derecho que estimó de aplicación al caso suplicando la estimación de aquella y posterior contestación por parte del Letrado del Estado que se opuso a la demanda en base a los argumentos puestos de manifiesto instando la confirmación de la resolución recurrida, fijándose la cuantía del procedimiento en indeterminada por Auto de 21 de Abril de 2.005 no habiendo lugar al recibimiento del pleito a prueba por no haberlo solicitado ninguna de las partes, quedando los conclusos para sentencia tras la formulación por las mismas de escritos de conclusiones.

TERCERO En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la resolución de 14 de Marzo de 2.004 de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, desestimatoria del recurso interpuesto contra la también Resolución de 5 de Marzo de 2.004 de la Junta Electoral de Zona de Tarrasa.

Muestra el demandante ,su disconformidad con dicho acto administrativo impugnado ya que el mismo confirma la decisión adoptada por la indicada Junta Electoral de Zona en el sentido de no proceder la adopción de medidas adecuadas para garantizar la accesibilidad en braille para las personas ciegas, en relación a las papeletas electorales, de manera que se pudiera ejercer el derecho de sufragio en las elecciones generales del año 2.004 de forma libre y secreta.

Según indica el actor, el artículo 87 de la Ley Electoral General que prevé la posibilidad de que los electores que no sepan leer o que por defecto físico estén impedidos de elegir la papeleta o colocarla dentro del sobre para entregarla, puedan servirse para estas operaciones de una persona de su confianza, no es aplicable a los invidentes, pues los mismos saben leer con la utilización de determinados mecanismos sin que tampoco pueda considerarse que los mismos tienen defecto físico, a diferencia de otras discapacidades, ya que los mismos no tienen problemas para elegir la papeleta correspondiente, colocarla dentro del sobre y entregarla, y si acaso tienen algún obstáculo, el mismo es fácilmente superable si dichas papeletas se hicieran en sistema braille.

El precepto se dice, está destinado a personas que tengan otras discapacidades que impidan de forma insuperable la selección de papeletas, .lo que no ocurre en el caso de las personas ciegas a quienes de forma discriminatoria se les priva de un derecho constitucional reconocido en el artículo 23 de la CE así como los articulos 68.2 y 69.1 de dicho texto normativo que reconocen el derecho de sufragio universal y garantizan que el voto es secreto para todos los españoles sin restricción alguna.

El establecimiento a favor de personas afectadas de determinadas incapacidades físicas de la posibilidad de acompañamiento de persona de su confianza en cuanto ayuda necesaria para las operaciones de voto. Tal prerrogativa, es incompatible al colectivo de las personas ciegas en cuyo caso se de una violación de su íntimo y profundo contenido cual secreto del derecho de voto. En aras al cumplimiento del artículo 14 de la CE es precisa una intervención detallada que integre en igualdad la condición electoral de un invidente a la del vidente.

Tiene la Administración aún reconociendo la necesidad de una urgente reforma legislativa acorde con los tiempos y con los logros científicos, la obligación de interpretar de manera restrictiva las normas que puedan suponer violación del derecho a la privacidad de las personas ciegas, intentando conciliar el carácter secreto del voto con todos los medios que la ciencia ,pone a su alcance para que aquellos puedan efectuar con exijo la operaciones electorales.

Se aludía por último a la existencia de Jurisprudencia extranjera.

La Administración representada por el Letrado del Estado se oponía a la demanda formulada siendo conforme a derecho el acto recurrido ha seguido la doctrina sentada por la Junta Electoral Central sin perjuicio de reconocerse la necesidad de reforma pese a lo cual, el colectivo de invidentes debe incluirse en el segundo supuesto previsto por el articulo 87 de la LOREG ya que la Ceguera constituye para quien la sufre un defecto físico. Se indicaba también que existían medios para garantizar el secreto del voto de las personas invidentes a través de determinadas formas de voto (por correo) o incluso utilizando a persona en la que se tuviese confianza legitima c6mo podría ser incluso el Presidente y miembros de la Mesa Electoral, caso de no existir otras personas merecedoras de la confianza de la persona afectada tal y cómo era el supuesto del aquí recurrente.

Se planteaba igualmente la duda en cuanto a la admisibilidad del recurso y la vía escogida para poner de manifiesto una circunstancia cómo la expuesta.

SEGUNDO. Cómo bien indica la Administración demandada es preciso situar en primer lugar el contexto en el que se encuadra este recurso debiendo recordar que la jurisdicción contencioso-administrativa, pese a la reforma del año 1998, no ha perdido su carácter revisor por lo que indudablemente en este procedimiento deberá enjuiciarse esencialmente si la actuación de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, y en definitiva la de la Junta Electoral de Zona de Tarrasa fue adecuada y ajustada a derecho. En la resolución de ésta Última de 5 de Marzo de 2.004, se deniega la petición formulada por el actor en el sentido de que se adoptasen las medidas adecuadas para la existencia de papeletas electorales en sistema braille, ya que se dice, la LOREG no prevé otras formas además de las generales para la confección de papeletas para los electores invidentes, salvo que se modificase la Ley Orgánica, siendo el vigente el sistema de votación asistida previsto en el artículo 87 de dicha ley. Se citaban diversos acuerdos de la Junta Electoral Central. La Junta Electoral Provincial vino a ratificar expresamente dicha resolución sin perjuicio de reconocer la justa reclamación del recurrente.

Se trata por tanto en este caso, dada la vía impugnatoria escogida de una cuestión de legalidad ordinaria, sin desconocer eso sí, la trascendencia de una resolución de este tipo e incidencia en derechos fundamentales.

Al hilo de lo que se acaba de exponer debe señalarse que el actor indica que la actuación administrativa supone "privar" de un derecho constitucional, el previsto en el articulo 23 al colectivo de invidentes.

Tal interpretación sin embargo no es correcta pues las personas afectadas de impedimentos físicos o psíquicos que no hayan dado lugar a vía declaración judicial de incapacidad que incluya el ejercicio del derecho de sufragio, no pueden ser privados del mismo.

Las normas electorales como así señaló la Junta Electoral Central ya en acuerdo de 5-5- 1977, "delimitan y no limitan o restringen el ejercicio del derecho de sufragio'. En consecuencia no puede afirmarse en el caso presente que el actor se vea privado del derecho de sufragio, siendo cuestión distinta, la personalidad y secreto del voto. Estas, son garantías primarias e inequívocas de la libertad de la decisión electoral de los titulares del derecho de sufragio. Ab initio, no cabe excepción alguna al voto personal y secreto por cuanto el sufragio dejaría de ser libre y las elecciones no serían justas. Solamente podrán ceder dichas exigencias indeclinables del proceso electoral cuando estuvieran en juego bienes o valores de tal entidad que requieran tal excepción, y siempre además Con carácter extraordinario y en tanto no pudiera encauzarse su articulación a través de otros medios menos lesivos para tan básicos principios.

Estos principios de personalidad y secreto del voto, sólo ceden cuanto concurre una causa de justificación, la universalidad del sufragio.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 19 de Junio de 1985 establece en el articulo 87 que -Los electores que sepan leer o me, por defecto físico, estén impedidos para elegir la papeleta o colocarla dentro del sobre y para entregarla al Presidente de la Mesa, pueden servirse para estas operaciones de una persona de SU confianza'.

Nuevamente y con el máximo respeto se debe disentir de la interpretación de efecto el recurrente, pues no sólo no se ve privado del derecho de sufragio tal y cómo se ha dicho, sino que además en contra de lo indicado por el mismo, lo cierto es que las personas invidentes están incluidas dentro de este apartado del artículo 87 pues la ceguera no puede mas que considerarse un defecto físico, cómo lo es la sordera, la carencia de miembro/s del cuerpo etc. Ello es así por cuanto si bien es cierto que las personas ciegas gracias a los avances tecnológicos y científicos pueden desarrollar actividades y funciones que les hacen casi equiparables a las personas que no tienen defectos de visión, en el desarrollo de vida cotidiana y profesional, no puede negarse, que ciertamente en materia electoral, sí tienen un problema importante cual es, la elección de la papeleta electoral. La ceguera por sí misma, supone un impedimento para escoger aquella en las condiciones establecidas en la actual normativa electoral.

Es por ello que este colectivo de personas debe encuadrarse en el supuesto del artículo 87 de la LOREG por lo que necesariamente deberán ejercer el voto de forma asistida a través de persona de su confianza.

Y ello no lo dice Únicamente este Juzgador, sino que así lo ha declarado la Junta Electoral Central ya en Acuerdo de 21-5-91 que resolvió que para los electores que por defecto físico resulten impedidos para elegir la papeleta para entregarla al Presidente como pueden ser los ciegos, el artículo 87 de la LOREG establece que pueden servirse de personas de su ,confianza, no previéndose otras formas de confección de papeletas para los electores ciegos.

Incluido este colectivo por tanto en el citado artículo 87 cabe analizar si puede. prosperar una pretensión cómo la solicitada por el recurrente cual es, el facilitar papeletas electorales en sistema braille.

Esta cuestión ha sido igualmente objeto de numerosos pronunciamientos por parte de la Junta Electoral Central. En Acuerdo de 22-1-96 resolvió lo siguiente, “El artículo 87 establece el procedimiento de votación asistida para invidentes que es el vigente en Francia, Alemania, Italia y Bélgica, según las leyes electorales respectivas, y no cabe sustituirlo por otro sin modificación de la LOREG.

Se efectúa por la Junta Central una interpretación estricta de la norma a cuyo tenor sólo cabe utilizar las papeletas y sobres electorales oficiales enmarcando el artículo 87 en el Derecho Comparado en el que está generalizado el procedimiento de votación asistida para los invidentes. El Acuerdo de 15-3-99 reitera que "el sistema denominado de votación asistida, que es el que está vigente, según sus respectivas leyes electorales en varios países de la Unión Europea y que, en el ordenamiento español, no cabe sustituir por otro en tanto no fuera modificada la LOREG que no prevé formas distintas de las generales de confección de papeletas para los electores ciegos Incluso mas recientemente se alude un nuevo criterio interpretativo para fundamentar la inadmisión de los sobres y papeletas de votación en sistema Braille en el Acuerdo de 31- 1-00 al señalar que la LOREG prevé para los electores invidentes el sistema de votación asistida, al establecer en el artículo 87 que los electores que por defecto físico estén impedidos para elegir la papeleta o colocarla dentro del sobre, puedan servirse de una persona de su confianza para realizar estas Operaciones, y que, salvo que todos los sobres y papeletas se imprimieran en este sistema-lo cual carece en la Ley- la existencia de papeletas distintas imposibilitaría el secreto de sufragio".

Se basa la Junta precisamente en la salvaguardia del secreto del sufragio como elemento impeditivo insalvable para la autorización del uso de papeletas confeccionadas mediante un lenguaje diferente para un determinado grupo de electores.

Incluso el Presidente de la Junta Electoral Central Sr. Xiol Ríos, declaró que 'El problema es que la admisión de papeletas de voto especiales para los invidentes imposibilitaría preservar el secreto de su derecho de sufragio, pero la Junta vería favorablemente cualquier modificación legal que facilitara el ejercicio personal, sin necesidad de ayuda ninguna, de cual esquiara disminuidos físicos".

Es por tanto, muy reiterado el criterio de la Junta Electoral Central, criterio recogido en su resolución por la Junta Electoral de Zona de Tarrasa, en relación a la imposibilidad de establecimiento de otros modelos de papeletas electorales (en este caso en sistema braille) al margen de las oficiales . establecidas sin una modificación de la Ley electoral.

Siendo esta la interpretación establecida de manera continuada no puede afirmarse que la resolución administrativa aquí impugnada no se ajuste a la legalidad, al contrario, es ajustada a los criterios interpretativos que de forma reiterada ha señalado la Junta Electoral Central.

Por otra parte el establecimiento del sistema braille en las papeletas a utilizar por el colectivo de personas invidentes, distintas por tanto a las restantes papeletas, y ciertamente y precisamente por esa peculiaridad O distinción necesaria, quizás tampoco garantizase con la eficacia debida el secreto de sufragio en las personas ciegas tal y cómo apuntaba el Presidente Sr. Xiol Ríus. Piénsese sino en el momento en que la Mesa Electoral debe realizar el escrutinio de votos tras la finalización de la jornada electoral y entre el recuento apareciese una o a lo sumo varias papeletas de personas invidentes que habían ejercido su derecho de sufragio en minoría respecto de los restantes electores carentes de defecto físico que los pudiese identificar ya no sólo físicamente, sino precisamente por la utilización de una papeleta distinta, que además debería articular un medio de traducción o interpretación de manera que se pudiera computar en el recuento general de votos en la indicada Mesa.

Pese a todo y aún teniendo en cuenta que las dificultades son mayores a las que en apariencia pudieran darse por los motivos expuestos, y que el problema no se resolvería aunque se accediese a la petición del actor, con la existencia de papeletas en sistema braille, considera este Juzgador, y en cuanto a ello se suma al parecer de la Junta Electoral de Zona y Provincial, que la reclamación del Sr. Carrey es justa y ya que para un colectivo cómo otros grupos de personas con defectos físicos) no cabe duda que pueden arbitrarse sistemas que posibiliten el voto personal y directo como sería el 'voto electrónico' ya utilizado en otros y a modo de experiencia en algunas eleccione autonómicas en España, cuya- virtualidad técnica posibilita su uso a través de distintos lenguajes y formas de acceso para la selección de la opción elegida, considerando que el voto asistido mediante la ayuda de tercera persona aunque sea de la confianza del elector, en según que casos, cómo éste, obsoleta y en desacuerdo con los avances tecnológicos actualmente existentes lo que necesariamente debería obligar a una modificación normativa.

El problema, no obstante es que éste sistema, tampoco es aplicable en la actualidad por no estar reconocido por el legislador, lo que nuevamente lleva a poner de manifiesto la absoluta necesidad de plantear los cambios legislativos.

Pese a ello debe insistirse en la corrección de la actuación de la Administración sin que a primera vista se aprecie tampoco vulneración de derecho fundamental alguno para el cual tampoco es este el cauce oportuno.

Indicar por último que aunque el Letrado del Estado, aludía a una posible causa de inadmisibilidad del recurso en relación a la interposición de recurso judicial según establece el articulo 21.2 de la LOREG habiendo distinguido el Tribunal Constitucional en Sentencia 149/2.000 para la admisión del mismo, según se trate de actos y disposiciones directamente vinculados con el desarrollo del procedimiento electoral o no, que la frontera entre unos y otros no aparece clara y mas en un supuesto cómo el de autos en el que hay una evidente afectación de derechos como es el de sufragio de una persona invidente. En base a ello y a la aplicación restrictiva de las causas de inamisiblidad es por lo que procede la desestimación de este motivo.

TERCERO. Que no procede hacer especial imposición de costas al no concurrir los presupuestos establecidos para ello en el articulo 139 de la LJCA.

Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda interpuesta por el actor contra la Resolución de 14 de Marzo de 2.004 de la Junta Electoral Provincial de Barcelona confirmando la misma por ser ajustada a derecho y sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas.

Así por esta mi Sentencia de la que se unirá certificación a la causa y contra recurso de apelación en el plazo de su notificación pronuncio, mando

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